Que el Estado AVALE. Opción para las CAJAS

Las cajas encuentran la piedra filosofal para salvarse: que el Estado avale sus preferentes.
@Eduardo Segovia - 18/03/2009 06:00h.
Las cajas de ahorros han dado con la fórmula mágica para que se pueda rescatar a las entidades que lo necesiten sin incrementar el déficit público y sin que se pueda acusar al Gobierno de "regalar" dinero a la banca: que el Estado avale sus participaciones preferentes en vez de comprarlas directamente, como se pretendía hacer hasta ahora.
Este mecanismo fue propuesto ayer en el Congreso por el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, dentro de un plan de actuación urgente para salvar a las entidades financieras "solventes pero con baja solvencia". Quintás confirmó la insuficiencia del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la necesidad de buscar otras fórmulas para recapitalizar a las entidades, como adelantaba ayer El Confidencial: "El FGD no llega ni para empezar si el proceso es tan malo como parece". En esa situación, alaba la disposición de Solbes a usar dinero público para recapitalizar a las entidades que lo necesiten, pero su propuesta evita incluso que tengan que tocarse los Presupuestos Generales del Estado para salvar cajas o bancos. Estos instrumentos son híbridos, es decir, deuda que computa como capital de los bancos. Para ello tienen que ser bonos perpetuos -no vence nunca-, aunque suelen ser rescatables a petición del emisor pasado un plazo de cinco o 10 años. Pagan un tipo de interés anual, y cuentan como capital Tier 1 (de más calidad) en el caso de las preferentes y como Tier 2 en el caso de la subordinada. Dado que las cajas no tienen acciones y que se he frenado en seco la generación de beneficios para engordar las reservas, estos instrumentos son la vía más sencilla para fortalecer su capital. Lo que propone la CECA es hacer lo mismo que con el plan de avales para la deuda de la banca, es decir, que el Estado responda del pago del principal y los intereses en caso de quiebra de la entidad, para poder colocarla en el mercado. Dicho plan ha funcionado con gran éxito en los primeros meses del año, pues ha permitido a varias de las principales entidades conseguir liquidez a un coste muy atractivo. Y no sólo no le ha costado nada al erario público, sino que éste ha ganado 332,7 millones con las comisiones que cobra a bancos y cajas por estos avales, según Quintás. Una recapitalización voluntaria y urgente Ahora, el objetivo no sería obtener esa liquidez -las necesidades de la misma ya están cubiertas, sino la solvencia. Al contar con aval estatal, estas preferentes podrían venderse en mercado a un precio razonable. Salir sin aval ahora mismo es impensable por el hundimiento del precio de estos instrumentos, que cotizan al 30% o incluso al 20% de su valor inicial; de ahí que varias entidades hayan colocado preferentes o deuda subordinada en la red de oficinas al cliente particular, que, ya se sabe, se lo traga todo. Este aval de las preferentes sería la fórmula para fortalecer el capital de las entidades solventes pero "con baja solvencia". Una actuación que tendría carácter voluntario, según Quintás, "porque hay muchas entidades que no lo necesitan", lo que supone rechazar el famoso 'manguerazo' de capital para todos que propugnan Miguel Sebastián y otros dirigentes socialistas. Asimismo, la recapitalización estaría ligada a objetivos estrictos que deberían controlarse férreamente, para evitar que el dinero "se vaya por un agujero negro como en los países anglosajones", debería ser explícitamente temporal, con transparencia absoluta y, lo más importante, inmediata: "Ahora o nunca", llegó a decir el representante de las cajas. Las insolventes, al FGD ¿Y las entidades no solventes? "Ésas no me preocupan, los proyectos inviables que vayan al FGD", afirmó tajantemente. "Me preocupa que el deporte nacional sea hablar del FGD y no de qué podemos hacer para mantener un sistema financiero solvente. En este país faltan médicos preventivos y sobran enterradores", añadió gráficamente. El presidente de la CECA propuso ayer otras medidas para sacar al sector financiero de la gravísima situación en que se encuentra, que calificó de "emergencia nacional". La más destacada fue un plan de ayudas a los hipotecados que vaya más allá de la moratoria para desempleados actual y que se pagaría a medias por el Estado y por las entidades. Aunque eso tiene su truco: la banca cambiaría una pérdida por otra, puesto que, al no entrar en mora, no tendría que provisionar el 25% de esas hipotecas a las que se ayudaría. Asimismo, abogó por un cambio contable que eliminar la obligación de provisionar al 100% un crédito moroso en dos años o porque el Estado compre titulizaciones de crédito nuevo, para incentivar a bancos y cajas a prestar dinero.